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Las infancias que la contención institucional deja en el olvido
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La INDDHH advierte sobre las fallas del Estado en la protección de adolescentes vulnerables y las deudas que persisten en materia de derechos humanos.
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El caso de Rivera expuso graves fallas en la protección de adolescentes bajo amparo estatal. Entre denuncias, ausencias prolongadas y respuestas insuficientes, la INDDHH advierte que la democracia también se mide por su capacidad de garantizar derechos a quienes viven en mayor vulnerabilidad social.
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En un rincón de Montevideo, una antigua casona señorial de bulevar Artigas exhibe hoy un inmenso ventanal y una fuente donde el agua fluye constantemente. La arquitectura no es casual: representa el ingreso de la luz en un espacio que, durante los años oscuros de la dictadura militar, funcionó como centro clandestino de detención y tortura. Que ese mismo subsuelo albergue hoy un sitio de memoria y que los pisos superiores den vida a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) representa, en palabras de sus propios técnicos, la demostración de que, al final, la democracia gana.
Sin embargo, detrás de esos muros remodelados, los expedientes se acumulan semana a semana. Revelan que las deudas del Estado uruguayo en materia de derechos fundamentales no quedaron detenidas en el pasado reciente, sino que golpean con crudeza el presente de sus ciudadanos más vulnerables, especialmente de niños, niñas y adolescentes.
Según los técnicos de la institución, la Defensoría recibe entre treinta y cuarenta denuncias semanales, un indicador de las dificultades que persisten en el funcionamiento de los organismos públicos. Aunque históricamente Uruguay se ha caracterizado por contar con un Estado de bienestar y una importante presencia institucional, donde la escuela, el liceo y la policía mantienen vínculos con las comunidades, las problemáticas del siglo XXI han comenzado a desbordar los mecanismos tradicionales de protección. Los técnicos de la INDDHH insisten en un diagnóstico complejo: el problema actual de los barrios más vulnerables no radica necesariamente en la ausencia del Estado, sino en las dificultades de sus estructuras para adaptarse a las nuevas realidades, entre ellas el avance del narcotráfico y la violencia territorial. Las escuelas y los liceos se encuentran ante la encrucijada de responder de manera punitiva a las conductas de riesgo o encontrar alternativas educativas y de acompañamiento que permitan retener y proteger a unos gurises cuyos entornos afectivos, sociales y económicos atraviesan situaciones de profunda vulnerabilidad.
Una de las paradojas más dolorosas del sistema se hace evidente en el régimen de protección del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). A diferencia de los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal, los hogares de amparo no tienen como finalidad restringir la libertad de quienes residen en ellos. Son espacios de protección destinados a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones de sus derechos y que se encuentran bajo el cuidado del Estado. En este marco, los adolescentes pueden asistir a estudiar, vincularse con sus pares y realizar actividades fuera de los centros, de acuerdo con las condiciones y medidas de protección correspondientes. Sin embargo, los informes técnicos de la Defensoría advierten que, con preocupante frecuencia, se registran salidas no acordadas que se prolongan durante días, semanas e incluso períodos mayores, sin que los mecanismos institucionales de búsqueda y protección resulten suficientes. De esta manera, quienes deberían encontrarse bajo el amparo del Estado vuelven a quedar expuestos a situaciones de violencia, explotación y desprotección.
Es en este escenario de desamparo donde la realidad parece encontrarse con la poesía urbana y musical de No Te Va Gustar, particularmente con su canción Cero a la izquierda. Al pensar en las trayectorias de estos adolescentes, muchas veces invisibles para la sociedad y para las instituciones que deberían protegerlos, la composición de Emiliano Brancciari adquiere una dimensión especialmente dolorosa. La fragilidad, la soledad y el señalamiento social que atraviesan la canción permiten establecer una relación con las experiencias de quienes crecen en contextos de vulnerabilidad. Son jóvenes expuestos a redes de explotación, violencia y desprotección, mientras el tiempo transcurre sin respuestas suficientes. La canción permite pensar en una sociedad que, en ocasiones, termina por considerar a determinados individuos como si fueran descartables o inexistentes. Cada adolescente desprotegido corre el riesgo de convertirse en una cifra más dentro de las estadísticas públicas, en un auténtico cero a la izquierda para las instituciones que demoran sus respuestas o justifican sus dificultades operativas en la saturación del sistema.
El caso investigado por la INDDHH en el departamento de Rivera puso un rostro trágico a esta realidad. La investigación comenzó a partir de situaciones de vulneración de derechos de tres adolescentes bajo el amparo del INAU, con indicadores de posible explotación sexual, y posteriormente se amplió a otros casos. Los informes identificaron salidas no acordadas, dificultades en los mecanismos de búsqueda y protección, así como omisiones y deficiencias en la respuesta de distintos organismos estatales. Entre las situaciones investigadas se encuentra la muerte de una adolescente de 16 años, que falleció en julio de 2024 después de una cesárea de emergencia, en un contexto de graves vulneraciones de derechos. La investigación de la Defensoría puso de manifiesto fallas en la prevención, detección y atención de situaciones de violencia sexual, además de dificultades en la coordinación institucional y en el seguimiento de la salud de las adolescentes. El caso no solo expuso graves omisiones en la protección de estas jóvenes, sino que también permitió identificar problemas estructurales en la respuesta estatal frente a la explotación sexual de adolescentes institucionalizadas.
Ante este panorama, la labor comunicacional de la INDDHH se enfrenta a sus propios desafíos y a lo que sus técnicos denominan la búsqueda de la coherencia. Los comunicadores institucionales sostienen que la reputación de los organismos públicos no se construye únicamente mediante campañas publicitarias o a través de su presencia en los medios de comunicación, sino también mediante la transparencia y la consistencia entre sus discursos y sus prácticas. No alcanza con transmitir una promesa institucional si las estructuras del Estado no son capaces de respaldarla con acciones concretas en el territorio. Mientras la institución procura traducir la complejidad de las convenciones internacionales en herramientas educativas, lúdicas e integradoras para que los niños, niñas y adolescentes de todo el país conozcan sus derechos, los expedientes que llegan semana a semana recuerdan que todavía queda mucho por hacer. Porque, para que la democracia gane también en la vida cotidiana, el Estado debe garantizar que sus adolescentes más vulnerables dejen de ocupar un lugar marginal en la agenda pública y se conviertan, verdaderamente, en sujetos de derechos.
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