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Pablo Caggiani: el problema de la falta de titulación docente “lo produjo el sistema educativo”
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El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, brindó una entrevista a Mutuo Periodismo el día de su lanzamiento.
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Pablo Caggiani, Presidente de la ANEP.
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El maestro Caggiani defendió el proceso impulsado para regularizar la situación de docentes que trabajan en la educación pública sin haber completado su formación y cuestionó algunas de las críticas surgidas en torno a la medida. Según explicó, el problema no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad individual de los docentes, ya que se trata de una situación que el propio sistema educativo uruguayo ha generado durante décadas.
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Caggiani sostuvo que la falta de titulación docente es un problema que se viene generando desde hace décadas y que fue producido por el propio sistema educativo. Aseguró que las medidas implementadas para titular a docentes con cierto grado de avance en sus carreras no implican “imprimir títulos”. También habló sobre la violencia en los centros educativos, la asistencia a clase, la educación en primera infancia y los desafíos de la educación técnica.
Señaló que Uruguay tiene un déficit histórico de docentes titulados en educación media y explicó que, durante años, el sistema recurrió a personas que aún no habían culminado su formación para cubrir grupos vacantes. Esta situación, sostuvo, termina alejando a muchos docentes de sus carreras de formación. Destacó que ese “problema lo produjo el sistema educativo y lo produjo durante varias décadas”.
Uno de los puntos que más críticas generó fue la posibilidad de que docentes con años de experiencia recibieran títulos sin completar una formación académica equivalente. Caggiani rechazó esa interpretación y remarcó que el proceso busca construir mecanismos académicos para reconocer conocimientos y otorgar los créditos correspondientes.
“No estamos imprimiendo títulos para decirle que usted tiene el título”, respondió ante la polémica sobre los “títulos de cartón”.
El jerarca explicó que existen antecedentes en otras áreas de la educación superior y en distintas profesiones en las que se reconocen trayectorias formativas parciales o competencias adquiridas durante el ejercicio profesional. Además, el problema —aseveró— tiene una particularidad vinculada con la obligación del Estado de garantizar determinados derechos. “En educación, en salud, entre otras cosas, el Estado tiene la obligación de que efectivamente ese derecho se garantice”, afirmó.
El presidente de la ANEP también sostuvo que el tercer tramo del proceso deberá continuar siendo discutido con los sindicatos de la enseñanza. En ese sentido, señaló que existe un acuerdo para que la propuesta sea analizada en el ámbito de la negociación colectiva, debido a que la titulación también tiene consecuencias salariales.
Según detalló, la ANEP identificó distintos grupos de docentes que se encuentran en esta situación. Uno de ellos está integrado por estudiantes que tienen pocas unidades curriculares pendientes para finalizar la carrera. Para ellos se implementaron propuestas de cursado semestral y virtual que les permiten continuar trabajando mientras completan su formación.
De acuerdo con los datos mencionados por Caggiani, en las dos primeras etapas participaron cerca de 1.100 docentes. De los primeros 600, aproximadamente 120 lograron finalizar efectivamente la carrera.
El tercer grupo, explicó, presenta una situación más compleja. Se trata de docentes con varios años de trabajo y diferentes niveles de avance en sus respectivas carreras. Para este universo se creó un grupo de trabajo integrado por distintos organismos de la educación, que analiza mecanismos para reconocer los conocimientos y la experiencia acumulada y establecer qué formación adicional necesitan para alcanzar la titulación.
La asistencia, uno de los principales desafíos
Consultado sobre cuál considera que es actualmente el mayor problema de la educación pública en Uruguay, Caggiani evitó señalar una única dificultad y destacó un conjunto de desafíos. Entre ellos señaló especialmente la asistencia de los estudiantes a los centros educativos.
“El sistema educativo tiene un nivel de inasistencia de estudiantes riquísimo”, afirmó, y explicó que la presencia sostenida en las instituciones es fundamental para garantizar los aprendizajes necesarios.
El jerarca señaló que la asistencia no depende únicamente de decisiones individuales de los estudiantes o de sus familias. Factores vinculados con la seguridad, la salud, la situación social y el funcionamiento de los propios centros también influyen en la permanencia en las aulas.
En ese marco, mencionó las políticas de revinculación desarrolladas durante 2025 y diferentes mecanismos destinados a mejorar la asistencia y mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo. También destacó el papel de las políticas de apoyo económico, las becas, la alimentación y la extensión del tiempo pedagógico.
Según explicó, estas medidas forman parte de una política educativa más amplia, porque buscan generar condiciones para que los estudiantes puedan permanecer en la educación.
Caggiani destacó además que las condiciones del entorno también influyen en la asistencia. La inseguridad en los barrios y en los trayectos hacia los centros educativos puede afectar directamente la presencia de los estudiantes.
Violencia: “Ahora sí es objeto de política”
Sobre la violencia en los centros educativos, el jerarca sostuvo que las estadísticas disponibles no muestran necesariamente un aumento del fenómeno, pero que actualmente existe una mayor decisión institucional de abordarlo como un problema de política educativa.
“Las estadísticas no dicen que haya aumentado. Lo que sucede es que en realidad ahora sí es objeto de política”, explicó.
Para el presidente de la ANEP, la violencia no debe ser interpretada únicamente como el resultado de la conducta de determinados individuos. La convivencia escolar, sostuvo, debe trabajarse de manera cotidiana mediante equipos multidisciplinarios, políticas de participación y articulación con otras áreas del Estado.
“La institución educativa tiene que intervenir”, afirmó, al defender una concepción de los centros educativos como espacios donde también se aprende a convivir y a resolver los conflictos sin recurrir a la violencia.
Críticas a la gestión anterior
Caggiani realizó una evaluación crítica del período anterior de gobierno y de la reforma educativa implementada durante esa administración.
“Para mis valores es un retroceso”, respondió al ser consultado sobre si considera que hubo un retroceso en la educación pública, aunque aclaró que esa valoración depende de las perspectivas políticas y educativas desde las que se analice la gestión.
Entre sus principales cuestionamientos mencionó la evolución presupuestal, los cambios legales, la reducción de la participación de distintos actores del sistema educativo y las modificaciones curriculares.
También criticó la reducción de determinados programas de becas y señaló que, durante el período anterior, se produjo una disminución de recursos destinados a estudiantes que necesitan apoyos para permanecer en el sistema.
Para Caggiani, la discusión educativa no puede quedar limitada a debates técnicos sobre los diseños curriculares. A su entender, cuestiones como la alimentación, las becas y la asistencia tienen un impacto directo en las posibilidades reales de los estudiantes de aprender.
Primera infancia y futuro demográfico
La primera infancia fue otro de los asuntos abordados durante la entrevista. Caggiani sostuvo que Uruguay debe asumir la educación como un derecho, pero también planteó una mirada vinculada con el futuro demográfico del país.
El jerarca relacionó la disminución de la natalidad con la reducción de los embarazos adolescentes y con las políticas de salud sexual. En ese contexto, planteó que una sociedad con menos niños tendrá también una menor población activa en el futuro.
“Si hay menos niños, va a haber menos trabajadores”, señaló.
Desde su perspectiva, invertir en educación y en primera infancia no constituye solamente una obligación ética del Estado, sino también una necesidad para la sostenibilidad futura de la sociedad uruguaya.
La UTU y la necesidad de adaptar la formación al mundo del trabajo
Caggiani también destacó el crecimiento de la educación técnica y, particularmente, de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), aunque planteó la necesidad de revisar periódicamente la pertinencia de las propuestas formativas.
“Yo creo que la UTU viene creciendo porque la gente cree en la UTU”, afirmó.
Según explicó, el desafío consiste en que la oferta educativa pueda responder a las características productivas de cada región. Para ejemplificar, mencionó la cadena forestal-madera y sostuvo que, en departamentos donde esa actividad tiene un peso importante, la formación debería contemplar mejor las oportunidades laborales vinculadas a esa producción.
No se trata, aclaró, de eliminar carreras existentes, sino de orientar parte de la oferta hacia las necesidades concretas de cada territorio.
“Hay que empezar a orientarla”, sostuvo, al referirse a la necesidad de ajustar las propuestas educativas a la realidad productiva de las distintas zonas del país.
En ese sentido, destacó una de las características históricas de la UTU: su capacidad de diálogo con trabajadores, empresas y gobiernos para adaptar la formación a las transformaciones del mundo laboral.
¿Cómo saber si la educación mejoró?
Hacia el final de la entrevista, Caggiani fue consultado sobre cuál debería ser el indicador que permita determinar, dentro de cuatro años, si la educación uruguaya avanzó.
El presidente de la ANEP mencionó indicadores vinculados con la asistencia, la cobertura, los aprendizajes, la extensión del tiempo educativo y la inclusión. Sin embargo, sostuvo que el éxito de una política educativa no debería medirse exclusivamente mediante cifras.
“Lo principal para ver si la educación mejoró o no mejoró no está en eso”, afirmó.
Para Caggiani, un elemento central será la forma en que la ciudadanía perciba el funcionamiento del sistema educativo y si existe un acuerdo social respecto de sus avances y de los problemas que aún permanecen.
“La gente tiene todas las esperanzas en lo educativo, pero además tiene todas las demandas en lo educativo”, resumió.
Su planteo apunta a que la educación vuelva a ser entendida como una construcción colectiva, en la que el Estado, los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad puedan reconocer tanto los avances alcanzados como las dificultades que todavía persisten.
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