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Celulares en el aula: la ley que espera
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El diputado colorado Maximiliano Campo presentó en 2025 un proyecto para prohibir celulares en las aulas; un año después, sigue en debate.
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La iniciativa alcanza a educación inicial, primaria y media en todo el país y busca prohibir el uso de celulares y dispositivos sin fines pedagógicos en clases, recreos e intervalos. El consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Julián Mazzoni opinó que el ente no fijó posición y defiende resolver el tema dentro de su autonomía, no por ley.
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Un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales en los centros educativos del país permanece, más de un año después de su presentación, sin dictamen en la comisión parlamentaria que lo analiza.
La iniciativa fue impulsada por el diputado colorado Maximiliano Campo, representante por Tacuarembó, y alcanza a los niveles de Educación Inicial, Primaria y Media en todo el territorio nacional.
La ANEP, organismo llamado a reglamentar una eventual ley, aún no ha fijado una posición oficial al respecto, según confirmó el consejero Mazzoni a Mutuo Periodismo.
Un proyecto sin fecha de resolución
El proyecto ingresó a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2025. Desde entonces, a pedido del propio Campo, la comisión recibió a distintas delegaciones para exponer su posición, entre ellas ANEP y el Ministerio de Educación y Cultura, aunque —según indicó el legislador a Mutuo Periodismo— restan aún otras convocatorias pendientes, solicitadas tanto por él como por otros integrantes de la comisión.
Consultado sobre la posición de ANEP, Mazzoni fue categórico: "el consejo directivo no ha tratado" el proyecto, y explicó que, por disposición constitucional, este tipo de leyes vinculadas a la educación requiere la consulta previa al ente autónomo. "Hasta ahora no hemos fijado posición", sostuvo. El consejero agregó que, en términos generales, "este tipo de leyes coliden con la autonomía del ente" y que ANEP prefiere que las regulaciones sobre el tema se definan puertas adentro del propio organismo, y no por vía legislativa.
Los fundamentos del proyecto
Campo sostuvo que su propuesta se apoya en evidencia científica y en consultas con especialistas. El diputado afirmó haber dialogado con psicólogos y psiquiatras infantiles, y mencionó haber realizado una presentación en una sesión del Parlamento sobre infancia y tecnología, en la que hizo referencia a estudios internacionales sobre el impacto de las pantallas en la salud mental, la ansiedad y la sobreexposición de niños y adolescentes. Citó también experiencias de regulación en otros países, entre ellos Francia, Corea del Sur, China y Brasil —este último con un primer año de aplicación en 2025—.
El legislador también hizo referencia a resultados de las pruebas PISA, que, según indicó, ubican a Uruguay entre los países con mayor nivel de distracción en clase por el uso de celulares, de acuerdo con lo declarado por los propios estudiantes. Además, señaló que la consulta a la psiquiatría infantil se ha multiplicado en el país, aunque no precisó cifras concretas.
Cómo se aplicaría la medida
Respecto a la implementación, Campo aclaró que la reglamentación, de aprobarse la ley, quedaría en manos de ANEP: "eso le corresponde, eventualmente, si esto sale a la ANEP", señaló, aunque adelantó su propia visión al respecto. El diputado planteó como posibles modelos "las experiencias ya adquiridas que ya hay en los liceos públicos de este país", como "una cajita a la entrada por clase" donde "se deja el teléfono hasta la salida".
Mencionó también las fundas magnéticas, que calificó como "lo mejor", pero descartó como solución inmediata: "son caras y eso no se podría implementar rápidamente porque todos sabemos que no hay dinero". Como alternativa, propuso "obligar a tenerlo apagado y en la mochila de cada uno", y sostuvo que, más allá del método elegido, "con voluntad y con firmeza se puede aplicar fácilmente".
Sobre los casos de comunicación urgente con las familias, Campo fue tajante: "va a la dirección, si es urgente, le prestan un teléfono y punto, y se terminó el problema". Y en cuanto a quién controlaría el cumplimiento de la medida, remarcó nuevamente que la reglamentación "le corresponde a la ANEP, que es un ente autónomo", y compartió cómo imagina su funcionamiento: "lo imagino entre la dirección, el equipo de adscripción y los docentes", una "medida en conjunto" que además debería involucrar a las familias "para generar conciencia sobre esto".
Consultado sobre las sanciones para quienes incumplan la norma, Campo reconoció la necesidad de las mismas, aunque remarcó que su diseño concreto no le compete: "la reglamentación le corresponde a la ANEP".
El diputado admitió no tener certezas sobre el formato que debería adoptar: "no formo parte del sistema educativo, nunca fui docente (...) soy escribano, no tengo conocimiento cómo funcionan esas sanciones". Insistió, de todos modos, en que cualquier sanción debería enmarcarse en una política más amplia de "conciencia" compartida entre familia, cuerpo docente, adscripción, dirección y los propios estudiantes, y previó un período de ajuste inicial: "al principio va a costar, pero después el sistema se va a ir adaptando".
La mirada de ANEP: regulación sin ley
Mazzoni por su parte defendió, en diálogo con Mutuo Periodismo, el camino de la autorregulación dentro de los centros educativos. Consultado sobre los resultados de las restricciones ya aplicadas de manera informal, fue contundente: "en los lugares donde hemos consultado a los docentes respecto a la regulación que se ha acordado con los estudiantes, se han obtenido buenos resultados".
Entre esos resultados, mencionó que "se aumenta la concentración en la clase", que "si es necesario darle un uso pedagógico al celular, se lo hace" y que "los propios estudiantes tienen mucho más intercambio entre ellos", especialmente en los recreos donde tampoco se utiliza el celular: "se empieza a conversar más, a intercambiar y eso mejora la convivencia".
El consejero afirmó que este tipo de regulación, acordada entre autoridades, docentes y estudiantes en cada centro, "ya está funcionando en muchas instituciones y ha sido satisfactorio", sin perjuicio de permitir excepciones por comunicación familiar u otras necesidades puntuales.
Consultado sobre si la prohibición es una respuesta suficiente frente a un desafío más amplio, vinculado a la convivencia con la tecnología, Mazzoni amplió el planteo hacia el uso de la inteligencia artificial en los procesos educativos, y sostuvo que la tecnología "debe ser incorporada" pero "siempre al servicio del desarrollo del espíritu crítico" y con las restricciones que correspondan.
Sobre un eventual régimen de sanciones si la ley se aprobara, el consejero consideró que se trata de "un tema delicado" que debe resolverse en cada institución, y expresó dudas sobre la pertinencia de que una ley determine las sanciones aplicables a los estudiantes.
Un debate que trasciende el aula
Mientras Campo plantea la necesidad de una norma nacional que unifique criterios y se apoye en evidencia sobre los efectos del uso excesivo de pantallas, desde ANEP se defiende que la regulación del vínculo entre estudiantes y celulares avance dentro de su propia autonomía institucional, a partir de acuerdos locales entre docentes, autoridades y familias.
Ambas partes coinciden, sin embargo, en que las restricciones ya aplicadas de manera informal en distintos centros educativos han arrojado resultados favorables en materia de concentración y convivencia.
La resolución del proyecto de ley —hoy sin dictamen— quedará supeditada a si el Parlamento avanza pese a la falta de pronunciamiento del ente autónomo, o si, como sugiere Mazzoni, la vía legislativa termina cediendo lugar a la regulación interna de ANEP.
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